La conexión local

AMIA-ATENTADO

Presentación del periodista Juan Salinas ante el juez Garzón hace 15 años: policías argentinos, no "pasdaran" iraníes

Decíamos ayer...

 Rovira y Almirón, asesinos seriales de la Triple A. No necesitábamos importarlos.Por el contrario, los exportábamos.
Hace más de 15 años, en diciembre de 1997, denuncié en Madrid ante el juez Baltasar Garzón que el atentado a la AMIA había sido cometido por argentinos, posiblemente por "plumas" bajo la protección de oficiales de la Policía Federal que antaño habían pertenecido a "grupos de tareas" de la dictadura (siendo los principales sospechosos, por razones mas que obvias, miembros del Departamento de Explosivos de la PFA, creado por el comisario general Alberto Villar, que era al mismo tiempo jefe de la Federal y de una Triple A que ponía bombas a troche y moche).

En síntesis, que más que buscar una "conexión local", era necesario buscar una "conexión internacional" ya que estaba claro que los autores materiales eran autóctonos. El principal sospechoso de haber sido el instigador, por cierto, no era un iraní, sino Monzer al Kassar. Que durante la prolongada y cruenta guerra desatada por el Irak de Sadam Hussein contra el Irán de Jomeini en 1980, le había vendido armas a Irak. 

Poco antes, en julio de 1997, al cumplirse tres años del atentado a la AMIA, yo había publicado un libro en la editorial Planeta, AMIA. El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos, producto de la investigación propia y de un equipo contratado por la propia mutual judía.

La aparición de mi libro provocó un terremoto en el sionismo cuyos dirigentes, obligados a tomar posición, decidieron contratar a cuatro destacados juristas y encomendarles que, en tiempo record, revisaran la investigación e hicieran una presentación judicial en nombre de la DAIA-AMIA.

León Arslanian, Andrés D'Alessio, Ricardo Gil Lavedra y Raúl Zaffaroni así lo hicieron, y el abogado de la AMIA, Luis Dobniewski, prologuista y compilador, consiguió del entonces editor-jefe de Planeta, Guillermo Schavelzon, que publicará dicha presentación como libro en la misma colección en la que había aparecido el mío (Espejo de la Argentina) con el título AMIA-DAIA. La Denuncia. El documento completo presentado al juez Galeano con los hechos y los nombresde quienes obstaculizaron la investigación.

Entre una y otra publicación había pasado solo un mes. Durante los primeros días de la aparición de mi libro (época de gran entusiasmo en que lo reeditaron, poniendo en la calle diez mil ejemplares) Planeta le había hecho alguna publicidad en el diario La Nación y en la revista Tres puntos. Además, Gabriela Esquivada me había hecho sendos reportajes, uno para el suplemento literario de Página/12, Primer Plano (dónde secundaba a su futuro marido, Tomás Eloy Martínez) y otro para el "house organ" de la propia editorial. Con gran disgusto de T.E.M. la dirección de Página/12 le prohibió siquiera mencionar mi libro. La revista de Planeta tampoco publicó nada. Para la editorial, era como si mi libro nunca lo hubiera publicado. Supe, porque me lo comentaron amigos libreros, que cuando le pedían a Planeta "el libro del atentado a la AMIA", le mandaban "La denuncia" de los juristas. Aun así, por el boca a boca, mi libro se vendió más de 8.000 ejemplares.

Por cierto, los dirigentes de la DAIA y la AMIA no pudieron menos que refrendar el pedido de los cuatro juristas de que se investigara a Monzer al Kassar, al banquero saudí Gauth Pharaon, a Alfredo Yabrán y a Nassib y Jorge Haddad, dueños del volquete depositado unos minutos antes de la voladura frente a la puerta de la AMIA.

Fue la primera y la última vez que lo hicieron.

Ante la reiterada constatación de que en la Argentina no habría justicia para las víctimas, hacia fines de aquel mismo año, 1997, finiquitada mi relación laboral con la AMIA, viajé a España, y en Madrid denuncié ante el juez Baltasar Garzón que el ataque había sido cometido materialmente por argentinos, antiguos miembros de los "grupos de tareas" de la dictadura. Y que el principal sospechoso de haber sido el instigador era Monzer Al Kassar, hoy preso en los Estados Unidos.

En ninguna parte de mi presentación se mencionó a algún ciudadano iraní.

En cambio, y muy sugestivamente todos los sospechosos nombrados en la presentación (y antes en el libro), fueron deshechados sumariamente como tales, a excepción de Edul, al que se lo mantuvo en un limbo hasta ahora, como sospecho de hacer cosas que a todas luces no hizo, como entregarle una camioneta Trafic a iraníes o libaneses de Hezbollah.
 
Cito parcialmente aquella denuncia, presentada el 12 diciembre en el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de Garzón, con quien me acababa de entrevistar, más alguna breve anotación ulterior. Pero antes quiero aclarar que después, y a lo largo de muchos años, seguí investigando lo sucedido, y que así como hoy considero que en el terreno de la calle Constitución se pusieron explosivos en el volquete depositado frente a la puerta de la AMIA, también considero posible que el vecino Alberto Jacinto Kanoore Edul haya sido involucrado adrede en la trama para desviar las investigaciones, como parece sugerir -como se verá- el hecho sorprendente de que su allegado Walter Bordelli hubiera sido anteriormente involucrado por una denuncia anónima en el ataque a la Embajada de Israel. Claro que Edul nunca quiso o pudo explicar por qué se llamó desde el celular adosado a su automóvil a la casa de Telleldín.

También quiero dejar en claro que repudio la agresión internacional que está sufriendo Siria como antes la sufrió Libia, y que considero legítimo a su gobierno, encabezado por el médico oftalmólogo Bashar al Assad. Y, también, que no considero imposible que entre los instigadores del ataque a la AMIA haya habido judíos. Al fin y al cabo, en Marbella el principal socio de Al Kassar era el judío británico Judah Eleazar Binstock quien todo indica le vendió metralletas inglesas a la Triple A en 1974. Y, por cierto, los sionistas e Israel se han comportado todo el tiempo como si ellos hubieran volado la AMIA.

Ahora si, les transcribo parte de mi presentación ante Garzón:     

"...vengo a informarle que, luego de tres años de investigaciones desarrolladas con el auspicio de la mutual agredida, he llegado a la conclusión de que hay un claro hilo conductor entre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura que asoló la Argentina entre fines de marzo de 1976 y principios de diciembre de 1983 y los atentados cometidos contra la embajada de Israel en Buenos Aires (17 de marzo de 1992, veintiocho muertos y alrededor de doscientos heridos) y la Asociación Mutual Israelita-Argentina (18 de julio de 1994, ochenta y seis muertos* y unos trescientos heridos).

Este hilo encuentra su mejor personificación en altos oficiales policiales que participaron de lleno en aquella "guerra sucia" y que hoy, convertidos en altos jefes de las instituciones a las que la Constitución y las leyes obligan a preservar el orden público, encubrieron a los responsables de ambos atentados(...) e incluso algunos de ellos son sospechados de haber intervenido en la comisión de los mismos.

(...) El DPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional, encargado de la investigación) se nutrió muy mayoritariamente de policías que provenían del CAPE (Cuerpo de Adiestramiento Policial Especial,  creado por la dictadura y especializado en la lucha contrainsurgente)  que se disolvió a fines de 1986. Casi al mismo tiempo y con el pretexto de "defender a la Virgen de Luján", se creó dentro de la Policía Federal la Orden de San Gabriel Arcángel, que pronto se constituyó en virtual rama política clandestina del DPOC y otros organismos de la Policía Federal dedicados a labores de inteligencia y comunicaciones.

(...) Desde un principio los miembros de la cofradía se dedicaron a conspirar contra el entonces jefe de la Policía Federal, comisario Juan Angel Pirker, y contra el gobierno del presidente Alfonsín.

En la Semana Santa de 1987, al estallar la primera rebelión carapintada, aparece por primera vez en la escena pública el nombre "Arcángel" como el de una cofradía integrada por mayoritariamente por miembros del servicio de informaciones de la Fuerza Aérea, algunos de los cuáles participaron en el intento de copamiento del aeroparque metropolitano y de la base área de Morón a las órdenes del comodoro (RE) Luis Fernando Estrella. A Estrella se le atribuye haber ordenado en 1976 el asesinato del obispo de La Rioja, monseñor Enrique "El Pelado" Angelelli.

Al año siguiente se produjo la profanación del cadaver de Juan Domingo Perón y el robo de sus manos, seguido por las misteriosas muertes del sereno que custodiaba la bóveda y del juez que investigaba la causa. El entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Facundo Suárez, atribuyó estas macabras acciones a una banda de policías de ultraderecha digitados por caudillos justicialistas del norte argentino. Y algunos periodistas dejaron constancia de sus sospechas sobre "Los Arcángeles", los que, recordaron, estaban vinculados al comodoro Estrella. Las llaves de la bóveda de Perón aparecieron años después en una comisaría de la Capital Federal.

La mayoría de los Arcángeles profesaba públicamente un catolicismo preconciliar, abiertamente antisemita, y adhirieron a las sublevaciones carapintadas, si bien un pequeño grupo de oficiales de la siniestra cofradía fue reclutado para hacer labores de contrainteligencia por el entonces ministro del Interior, Enrique Coti Nosiglia.
Esto acabó con las ínfulas ideológicas de Los Arcángeles, que desbarrancaron hacia el delito dejando en el camino afeites y cosméticos: mientras un pequeño grupo encabezado por los oficiales Carlos "El Rufián" Gómez y Carlos "El Duque" Gallone pasaron a trabajar para el gobierno, el sector más vinculado al coronel Seineldín, se desgajó y constituyó la logia San Jorge, responsable de una docena de secuestros extorsivos entre 1978 y 1991.

Tras el ascenso a la presidencia de Carlos Menem y en medio de un agudo enfrentamiento entre el titular de la SIDE, el ex periodista Juan Bautista El Tata Yofre y su teórico segundo, el titular de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), el abogado marplatente Carlos Cañón Naval, se produjo un curiosísimo episodio. Luego de ser detenido bajo la acusación de secuestrar en Temperley a un pequeño narcotraficante, el mayor (RE) Carlos Rivas exhibió una credencial firmada por el Presidente Menem, con lo que logró ser liberado al cabo de unos días. De inmediato, Rivas se identificó como "el director del Departamento de Inteligencia de la Presidencia de la Nación" y convocó a una insólita conferencia de prensa en lo que hasta entonces era la sede secreta del organismo, en la calle Catamarca 581 (finca cuyo dueño o administrador era Carlos Cañón).

Rivas dijo que venía desempeñándose en el servicio de inteligencia de la Casa Rosada desde 1971 (es decir bajo la dictadura del general Roberto Marcelo Levingston) y que su desgracia era haberse topado con "una organización infinitamente más poderosa" para acusar a continuación a "Los Arcángeles" de constituir --en estrecha alianza con una organización similar integrada por policías bonaerenses, "el Comando María"-- la mayor organización de traficantes de armas y drogas que operaba en el país.

Una investigación llevada a cabo por el entonces juez federal Martín Irurzun logró establecer un año más tarde que Los Arcángeles estaban vinculados al sector carapintada del Ejército, eran alrededor de cien y estaban organizados en células fuertemente armadas y compartimentadas.

Sin embargo el entonces ministro del Interior, Eduardo Bauzá, dijo en una conferencia de prensa celebrada en la Casa de Gobierno que con la detención de un inspector que se encontraba bajo tratamiento psiquiatrico (Juan Carlos Bruno Moreno) y otros once policías de menor rango, Los Arcángeles habían quedado desarticulados.

Poco después un cabo de la PFA, Guillermo Almoina López, se exilió en La Coruña, donde, tras admitir que había pertenecido a la cofradía, dijo al diario La Voz de Galicia que era perseguido porque "descubrí una lista de personas influyentes y allegadas al recién electo presidente Menem que estaban vinculadas con el narcotráfico".

La logia San Jorge, identicada por un santo ecuestre que lancea y mata a un dragón rojo reapareció cuando en 1991 se detuvo a parte de los secuestradores de Mauricio Macri.

La banda de secuestradores estaba vertebrada en torno a tres de los hermanos Ahmed: Ismael (comisario general de la PFA retirado en 1979 cuando era Superintendente de Comunicaciones, poco después del primer secuestro del banquero Osvaldo Sivak) José (subcomisario, atrapado con las manos en la masa en el cobro del rescate por aquél secuestro) y Camilo (muerto en confusas circunstancias en Mar del Plata cuando se investigaba el secuestro de Macri; se supone que se pegó un balazo y al mismo tiempo se arrojó desde un duodécimo piso hacia la calle) había secuestrado a una docena de personas, la mayoría de ellas judías, desde que en 1978 raptaron y mantuvieron en cautiverio durante medio año a la adolescente Karina Werthein, de 15 años.

Los hermanos Ahmed vivían puerta por medio de la familia Edul, también de origen sirio. Alberto Kanoore Edul padre es amigo desde hace más de tres décadas del presidente Carlos Menem. Su hijo Alberto Jacinto Kanoore Edul es uno de los principales implicados en el atentado a la AMIA.

Y hasta el presidente de la DAIA, Raúl Beraja, hasta ayer nomás un estrecho aliado de Menem, ha pedido que se investigue a Al Kassar y al libanés Nassib Haddad, dueño de la empresa de volquetes, uno de los cuáles fue dejado junto a la puerta de la AMIA apenas un minuto antes de que el edificio fuera volado.

Haddad compró seis toneladas de explosivos en base a nitrato de amonio (los que se utilizaron en el atentado) desde octubre de 1993 a julio de 1994.

Haddad estuvo efímeramente detenido poco después del atentado, lo que motivó que el Presidente Menem convocase de urgencia al juez Galeano a la Casa Rosada. Casi de inmediato, fue puesto en libertad.

(...)

En este nuevo contexto (por la aparición de mi libro), en la presentación conjunta que la AMIA y la DAIA hicieron ante el juez Galeano, se pide que se investigue tanto a Yabrán como Al Kassar, y se cita expresamente "algunas hipótesis" de (el ministro Domingo) Cavallo, por ejemplo "los probables vínculos (con los terroristas) de algunos de los hombres que integran el servicio de seguridad de las empresas vinculadas o que se atribuyen" a Yabrán.

En concreto, la DAIA y la AMIA pidieron que se individualice y se reúnan antecedentes de "la totalidad" de quienes integran la vasta red de agencias de seguridad, vigilancia y hasta de limpieza (la empresa que se hacía cargo de la limpieza de la AMIA al momento de perpetrarse el atentado, pudieron averiguar luego sus directivos, estaba vinculada al grupo Yabrán) y se estudie "si existe alguna concordancia, vinculación, relación pasada o presente" entre éstos y quienes "aparecen mencionados o involucrados" en la causa...

(...) La presentación de la AMIA y la DAIA no tomó en cuenta lo que se afirma en un dossier atribuído a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que tuvo amplia difusión a mediados de mayo pasado, en momentos en que era público el agrio enfrentamiento entre Yabrán y el titular del organismo, Hugo Anzorreguy.

Aunque Anzorreguy negó que la SIDE hubiera elaborado ese dossier, el periodista Joaquín Morales Solá puntualizó que el mismo había sido elaborado tiempo antes por el servicio de inteligencia de la Gendarmería Nacional, fuerza que con el apoyo de la CIA norteamericana resistía las maniobras de copamiento que llevaban a cabo altos oficiales apoyados por Yabrán.

En resumen: que más allá de su autoría, el dossier había sido distribuído por empleados de la SIDE que proclamaban la veracidad de la información que ofrecían.

El dossier era, básicamente, una lista de altos oficiales policiales que estarían o habrían estado "mensualizados" por Yabrán. Entre los supuestos pluriempleados se encuentran nada menos que el comisario Carlos Antonio Castañeda (quién al cometerse el atentado contra la AMIA era el titular del DPOC, organismo al que le cupo responsabilizarse de la investigación) así como el comisario Jorge Fino Palacios, titular del flamante Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA a la que hace unos pocos meses se le encomendó que reiniciara las investigaciones abandonadas por el DPOC.

Cuando el dossier se hizo público, hacia casi un año que el juez Galeano se había visto obligado a denunciar al DPOC ante su colega María Romilda Servini de Cubría por ocultamiento, tergiversación y destrucción de pruebas.

El cuerpo policial especializado en inteligencia y antiterrorismo en teórica salvaguarda de la Carta Magna se había transformado para entonces en un "agujero negro" por el que se habían esfumado 67 casetes de escuchas (correspondientes a los primeros días siguientes al atentado, la mayoría las practicadas en el domicilio de Carlos Alberto Telleldín cuando éste se encontraba prófugo), cinco rollos de fotos, un llavero bañado en oro que la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal le había entregado a Alejandro Monjo en una ceremonia, y donde se había borrado el contenido de la agenda electrónica de Telleldín, entre otras muchas irregularidades.

Al producirse el atentado a la AMIA, el jefe del DPOC, comisario Castañeda, dependía orgánicamente del director general de Prevención Federal, comisario Ricardo De León, a quién fuentes de la propia Policía Federal no trepidaron en calificar como prototipo de policía "amarillo", es decir de estar vinculado a Yabrán.

Estas mismas fuentes confirmaron que, tal como escribí en mi libro, mientras el comisario Juan Adrián Pelacchi estuvo al frente de la Policía Federal, quién mantenía contactos personales regulares con Yabrán era su segundo, el comisario Pablo Baltasar García, quién acaba de sucederlo.

García nombró como subjefe de la Policía Federal al comisario general Mario Data, quién al momento de cometerse el atentado contra la AMIA era el director general de Orden Urbano, es decir el máximo responsable de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

El atentado a la AMIA supuso el relevo de toda la plana mayor de la Policía Federal y la entrada en escena de una nueva cúpula encabezada por el comisario Pelacchi, quién fue calurosamente recomendado por el hasta entonces subsecretario de Seguridad, Hugo "El Ratón" Franco, por entonces uno de los principales operadores de Yabrán.

El desembarco de Pelacchi en la PFA constituyó "un desembarco amarillo" (por el color de la Organizacion de Cleraring Argentino, OCASA, la unica empresa que Yabran reconoce como propia) confirmó a este periodista un ex ministro del Interior.

En 1986 y por primera vez en su historia Interpol convocó a una conferencia internacional con objetivo personalizado. Trataba sobre los hermanos Monzer y Gassan Al Kassar, a quienes acusaba de comandar la más peligrosa organización de traficantes de armas y drogas del planeta.

Una década después el comisario Pelacchi logró ser nombrado en el buró de la organización que coordina los esfuerzos de las policías de un centenar de naciones.

Al Kassar no sólo ya no figuraba en la lista de prioridades de Interpol: ni siquiera figuraba. Y según el dossier distribuído por agentes de la SIDE, el jefe del organismo en Argentina, comisario Néstor Blanco, recibía una mensualidad de Yabrán.

No figura en esa lista, en cambio, otro de los miembros de la plana mayor de la PFA, el comisario mayor Gastón Gustavo Fernández, un viejo instructor del CAPE que era el titular de la comisaría 7a (con jurisdicción sobre la calle Pasteur al 600, donde se encontraba la AMIA) al producirse el atentado.

Subordinados de GG Fernández están sospechados de haber "levantado" la custodia de la AMIA instantes antes de que se produjera la explosión.

El vínculo entre GG Fernández y Yabrán parece obvio. El pasado 16 de mayo, periodistas de Telenoche Investiga acudieron a la sede de la empresa que constituye el corazón de la guardia pretoriana de Yabrán, Bridees SA (que querría significar "Brigada de la Escuela de Mecánica de la Armada"), en el edificio de la calle Paraná 597. Golpearon la puerta pero no sólo nadie la abrió sino que desde dentro los intimidaron disparando un arma de fuego.

Entonces, sin esperar órdenes de la jueza interviniente, GG Fernández encabezó un simulacro de allanamiento y puso la cara ante los periodistas para asegurar que allí no se habían disparado armas. La jueza interviniente ordenó repetir el procedimiento.

Tras encontrarse con el Presidente Menem en la residencia de Olivos, el presidente de la AMIA, Chaskiel Oscar Hansman dijo a los periodistas que "la red local que apoyó la realización de ambos atentados, lejos de estar desbaratada, continúa desarrollándose, y lo mismo sucede con la red internacional".

Ambas redes suelen identificarse con los apellidos Yabrán y Al Kassar.

Una conexión entre ambos quedó a la vista a través de Hugo Franco (a) "El Ratón", que además de ser subsecretario de Seguridad cuando se produjo el atentado a la AMIA, era el principal nexo entre el arzobispado de Córdoba y el todavía muy poco conocido Señor Yabrán.

Por consejo de Franco y de su ecónomo, monseñor Marcelo Martorell, el arzobispo Raúl Primatesta invirtió grandes sumas de dinero en OCA y aceptó cuantiosas donaciones de Yabrán.

Franco y Martorell estuvieron asociados con el chileno-bosnio Yamal Edgardo Batich, emparentado con el dictador Augusto Pinochet y conocido del otro lado de la cordillera como "El rey de la chatarra". En los años ochenta Batich estaba fichado por la DEA como narcotraficante y su condición de comerciante de armas era pública y notoria.

En 1992 Su Señoría (Garzón) detuvo a Batich y a Monzer Al Kassar apenas aterrizaron en el aeropuerto internacional de Barajas y los remitió a la cárcel de máxima seguridad de Alcalá de Henares bajo la acusación de "colaboración con banda armada, tenencia ilícita de armas, asesinato frustrado, falsificación de documentos públicos, tráfico de autos robados y contrabando de metales y piedras preciosas".

Al cometerse el atentado a la AMIA, Hugo Franco sostuvo en diálogos con los periodistas Roman Lejtman y Ernesto Tenembaum que los mayores sospechosos eran…extremistas judíos.

Luego de renunciar a la subsecretaria de Seguridad, Hugo Franco fue designado por el Presidente Menem interventor en la Director General de Migraciones, cargo que a pesar de su transitoriedad, continúa desempeñando.

En los casi tres y medio años que lleva al frente de Migraciones, la acción más comentada de Franco es haber ordenado destruir todas las fichas de entrada y salida de extranjeros hasta 1995. (...) Hugo Franco mantiene excelentes relaciones con la embajada de Israel en Buenos Aires e hizo de "broker" para la integración dentro del consorcio encabezado por Itron (del Grupo Macri, que ganó la licitación del Correo Argentino) que aspira a confeccionar y distribuir los DNI, de la empresa israelí Malam System, integrada por veteranos de los servicios secretos israelíes.
Con todo, la principal misión que el presidente Menem le encomendó a Franco es la licitación del control electrónico de los 236 puestos fronterizos del país. En este negocio están muy interesadas tanto empresas vinculadas con Yabrán como empresas israelíes y norteamericanas. Franco procura que un consorcio que contenga a todas se haga cargo de la seguridad de las fronteras.

La promiscuidad entre los servicios secretos israelíes y los sospechosos de haber entorpecido sistemáticamente la investigación del atentado a la AMIA no puede sorprender si se tiene en que tanto empresas israelíes como empresas vinculadas a Yabrán se encuentran asociadas con el Grupo Macri.

En cuanto a los vasos comunicantes entre Israel y Al Kassar son evidentes: basta recordar que los aviones Dagger (versión israelí de los Mirage franceses) con que se rearmó la Fuerza Aérea luego de la Guerra de las Malvinas, le fueron vendidos por Al Kassar, que se los pagó a Israel con petróleo iraní.

Y, también, que Al Kassar solía regalarle años atrás a sus amigos -por ejemplo al financista sirio-argentino Jorge Antonio y al entonces ministro del Interior Julio Mera Figueroa- metralletas Uzi, de fabricación israelí, bañadas en oro.

Fue munido de todas estas certidumbres y fundadas sospechas que el pasado 21 de agosto acudí a la cita que me hizo la Comisión Bicameral (Diputados y Senadores) que investiga ambos atentados, ante la que expuse por espacio de casi tres horas.

Ofrecí en esa oportunidad detalles del protagonismo que les cupo en la acción terrorista a distintas personas que fueron detenidas y luego liberadas durante las dos semanas posteriores al atentado a la AMIA, particularmente al libanés Nassib Haddad y al sirio Alberto Jacinto Kannore Edul, ambos con largos años de residencia en Argentina.

Haddad, bueno es recordar, es el titular de la empresa Santa Rita a la que pertenecía un camión Fiat Amarillo de transporte de volquetes que hizo maniobras durante largos minutos en la acera de la AMIA para luego dejar un volquete junto a la puerta de la institución. Ello ocurrió el lunes 18 de julio de 1994 entre las 9.50 y las 9.53, hora en que produjo la explosión...

Aunque hacía largos años que habían dejado de tener actividad minera, so pretexto de extraer piedras tipo "rip-rap" en los aledaños de la represa biprovincial Casa de Piedra (en el límite entre Río Negro y La Pampa) entre enero y julio de 1994, Haddad y su hijo Javier habían adquirido alrededor de seis toneladas de exlosivos en base a nitrato de amonio (o amonal), el mismo que se utilizó para volar la AMIA.

Esas compras se iniciaron con bastante antelación -desde principios de octubre de 1993- no cumplieron con requisitos como el previo permiso de Fabricaciones Militares y los Haddad no pudieron justificar la entera utilización de los explosivos comprados en la cantera de Casa de Piedra.

Según pudo comprobar fehacientemente el equipo de investigación que integré, el chofer del camión de los volquetes, Juan Alberto López, había dejado con anterioridad al atentado varios mensajes en el "beeper" de Carlos Alberto Telleldín.

Telleldín, un ex agente de inteligencia de la policía de Córdoba, fue durante mucho tiempo el único detenido en la Causa AMIA.

López llevaba una "hoja de ruta" en la que alguién le había dibujado un croquis que indicaba el lugar exacto (prohibido por la seguridad de la AMIA) donde iba a dejar el volquete, al costado de la puerta del edificio y hacia la calle Viamonte.

El chofer justificó sus largas e incomprensibles evoluciones con el camión y dos volquetes con el argumento de que no encontraba lugar y debió bajar ambos volquetes en el pavimento en un sitio alejado, para luego alzarlos y dejar por fin uno, de manera excepcional, junto a la puerta de la AMIA, y marcharse a llevar el segundo a un terreno supuestamente baldío ubicado en la calle Constitución 2657, donde le habría sido abonado por un tal "Alejandro".

A escasos metros de ese terreno tiene sede Aliantex SRL, la empresa textil de Alberto Jacinto Kanoore Edul, más conocido como "Albertito" a causa de su pequeña estatura y para diferenciarlo de su padre, un coetáneo y viejo amigo del presidente Carlos Menem.

En la causa que tramita el juez federal Juan José Galeano está acreditado que Edul hijo llamó desde un teléfono celular a Telleldín el domingo 10 de julio de 1994 pasado el mediodía, cuando -según éste- la camioneta Trafic que iba a servir de vehículo-bomba para atentar contra la AMIA le acababa de ser arrebatada por una "patota" de la policía bonaerense.

Edul llamó inmediatamente después a las comisarías de Santos Lugares y San Martín, donde prestaban servicios un cuñado suyo, el oficial principal José Chabán, así como el dúo de pícaros compuesto por el inspector Mario Bareiro y el subinspector Diego Barreda.

Bareiro y Barreda -ambos ahora detenidos y procesados- eran cómplices de Telleldín, entre otros delitos, en el robo de automotores y fabricación de duplicados o autos "mellizos".

Para justificar su llamado a Telleldín, Edul (que, tras largas negativas, admitió recientemente haber hecho) dijo que obtuvo el número de un aviso clasificado publicado ese día, aviso en el que se ofrecía una Trafic barata.

Como prueba de que había estado buscando una camioneta Edul puso a dos personas, una de las cuáles, Walter Bordelli, había sido objeto de una denuncia anónima a los cuatro días de cometido el atentado a la embajada de Israel. Esta denuncia lo acusó de haber preparado la camioneta Ford F-100 que se habría utilizado como vehículo-bomba.

Edul dijo que necesitaba una camioneta porque la suya, modelo 1980, le había sido robada a punta de pistola en horas del mediodía en la intersección de dos calles que no se cruzan, la avenida General Paz y Arias. Para certificarlo, exhibió ante el juez Galeano una denuncia hecha ante la comisaría 45.

En jurisdicción de esta seccional tenía su sede Alejandro Automotores, la empresa de Alejandro Monjo, jefe de Telleldín y cabeza visible de una vasta organización de venta de automóviles robados tras haber sido convertidos en "duplicados" de otros coches.

Monjo realizaba estas actividades en complicidad con la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal, la que lo había reconocido con un llavero de oro en una ceremonia. La Mercedez Benz que Edul denunció que le habían robado tenía toda la apariencia de ser "made in Monjo".

Del análisis de las llamadas realizadas por el celular de Edul no se ha encontrado que se hubiera llamado ni ese domingo, ni en la víspera ni al día siguiente, a ninguno de los teléfonos que ofrecían Trafics usadas en los avisos clasificados de "Clarín".

Edul reconoció vivir a "puerta por medio" de la casa de la familia Ahmed, así como que las familias Edul y Ahmed son amigas desde hace décadas. También dijo que su familia es íntima de las familias Menem y Tfeli y, por lo tanto, del Presidente de la Nación y de su médico personal, Alejandro Alito Tfeli.

Los Ahmed eran seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres. Tres de los varones, Ismael, José y Camilo, fueron el espinzazo de la llamada "banda de los comisarios", responsable desde 1978 de una decena larga de resonantes secuestros que culminaron en 1991 con el de Mauricio Macri, actual presidente de Boca Juniors.

El cuartel general de la banda funcionaba en la casa familiar de los Ahmed, habitada por la madre de los hermanos y en la que tenía sede una agencia de seguridad y vigilancia llamada "San Jorge", nombre de una logia de policías federales de extrema derecha.

El más joven de los hermanos secuestradores, Camilo, se suicidó o fue arrojado desde un duodécimo piso de un edificio del centro de Mar del Plata en plena temporada veraniega. Previamente había recibido un tiro en la sien.

El subcomisario José Ahmed está preso (compartió durante largos meses celda con Telleldín) y lo estuvo hasta muy poco antes del secuestro de Macri, a causa de su participación en el primer secuestro del banquero Osvaldo Sivak.

Pero su hermano mayor, el comisario general retirado Ismael Ahmed quedó en libertad. Ismael Ahmed fue uno de los miembros fundadores de la Triple A y luego, durante la dictadura, nada menos que Superintendente de Comunicaciones de la Policía Federal, es decir el máximo experto en intercepciones de teléfonos y el tendido de "áreas libres".

Ismael Ahmed pasó a retiro en 1979, en plena época de la dictadura militar, poco después de que su hermano José fuera detenido con las manos en la masa cuando intentaba cobrar el rescate por el primer secuestro de Sivak.

A pesar de que los comisarios que investigaban el caso Macri proclamaban a voz en cuello que era "El Padrino" de "la banda de los comisarios", Ismael Ahmed quedó en libertad luego de que la familia Macri decidiera, sorprendentemente, "no produndizar" en la identidad de los secuestradores de Mauricio, tal como admite Franco Macri en su recién publicada biografía.

El terreno de la calle Constitución 2657 aledaño a la casa de los Ahmed y los Edul tuvo un papel protagónico en la consumación del atentado a la AMIA, según coinciden en apreciar investigadores particulares y periodistas que investigan el caso.

Se trata de un solar sobrante de la construcción de la autopista a Ezeiza, rodeado por una pared, dotado de una puerta de entrada y en cuyo interior hay un pequeño chalé que en vísperas del atentado estaba dotado de energía eléctrica y teléfono, además de estar provisto de una antena de VHF.

Fotografías del terreno tomadas poco después del atentado y en poder del juez Galeano muestran signos inequívocos de que allí se desarmaban vehículos (cubiertas, autopiezas), así como que se estaba construyendo.

El terreno estaba ocupado en régimen de "tenencia precaria" otorgada verbalmente por altos funcionarios municipales a personas que habían sido recomendadas por Alejandro Tfeli, según se desprende inequívocamente de la lectura de un expediente reservado anexo a la causa AMIA.

Alejandro Tfeli carece de biografía política. Apenas si se sabe que es amigo desde la juventud del sirio Monzer Al Kassar y que es primo y mantendría relación con el jeque Subhi Tufaili, jefe militar de una facción de Hezbollah que desde un primer momento fue acusada por la CIA de estar detrás del atentado a la AMIA.

Invitado por el diputado Juan Pablo Cafiero (quién reemplaza interinamente al secretario de la comisión bicameral que investiga ambos atentados anti-judíos, Carlos "Chacho" Alvarez) expuse ante los honorables diputados y senadores acerca de la responsabilidad en el atentado del chofer Juan Alberto López, su empleador Nassib Haddad y de Alberto JK Edul, así como la necesidad de que el médico Alejandro Tfeli explique la manera en que aparece involucrado en los hechos.

Asistieron a mi exposición e hicieron numerosas preguntas el presidente de la comisión, Carlos Soria (PJ) y los diputados César Arias (PJ), Raúl Galván (UCR) y Nelson Cruchaga (UCR), además de los asesores de la comisión.

Dije en esa ocasión que resulta obvio que la investigación del atentado fue frenada
desde el mismo 18 de julio de 1994, con toda probabilidad a causa de que los primeros allanamientos practicados por la Policía Federal se hicieron en domicilios de ciudadanos sirios e hijos de sirios que argumentaron su amistad o relación con las familias de los presidentes Hafez El Assad y Carlos Menem, Yoma y Tfeli.

Aún así, añadí, gran parte de los terroristas fueron detenidos durante las dos semanas siguientes al atentado por una Policía Federal que se encontraba acéfala. Sin embargo fueron enseguida liberados en medio de negociaciones secretas entre funcionarios del gobierno nacional y la nueva plana mayor de la Policía Federal, encabezada por el comisario Juan Adrián Pelacchi.

No asistieron al encuentro miembros de la comisión embarcados en la campaña electoral como las senadoras Graciela Fernández Meijide (Frepaso) y Cristina Fernández de Kirchner (PJ) y el diputado Federico Storani (UCR).

El presidente Soria adelantó a la salida ante los medios de prensa que atento a la gravedad de la información ofrecida, volvería a citarme pronto a una nueva sesión.

Sin otro motivo, y deseándole a su Señoría el mayor de los éxitos en su empeño de afianzar la majestad de la Justicia y remediar lo que hasta hace no mucho fue una impunidad fáctica de muchos imprescriptibles crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo el Terror de Estado que asoló el país en que nací entre marzo de 1976 y 1983  queda a su disposición

Juan José Salinas Suárez

Fuente: Pájaro Rojo