Un tribunal oral señalo que la iglesia todavia es
“reticente” al esclarecimiento de los crimenes del terrorismo de estado
Una complicidad que se mantiene con los años
El nuncio apostólico Pío Laghi con los jerarcas de la última dictadura, Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri
Los magistrados que juzgaron a los responsables del
asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en La
Rioja destacaron, en los fundamentos del fallo, la connivencia de la jerarquía
eclesiástica con la última dictadura.
Por Irina Hauser
El tribunal oral que juzgó en La Rioja el asesinato de los
curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville habló de manera taxativa de
la “complicidad” de la Iglesia Católica con los crímenes de la última
dictadura, algo novedoso en los juicios contra represores. En los fundamentos
de la sentencia que condenó a prisión perpetua al ex jefe del III Cuerpo de
Ejército Luciano Benjamín Menéndez, al vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al
ex comisario riojano Domingo Benito Vera, los jueces señalaron la
“indiferencia” pero también la connivencia de la jerarquía eclesiástica con el
aparato represivo, y en este caso en particular con el ataque dirigido a los
sacerdotes del movimiento tercermundista caracterizado por su trabajo con los
sectores sociales desprotegidos. Recordaron que las denuncias sobre
persecuciones que llevaban los miembros de la pastoral riojana nucleados en
torno del obispo Enrique Angelelli a las autoridades de la Iglesia fueron
ignoradas en aquel entonces pero además, advirtieron, aún “persiste” una
“actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso miembros del clero al
esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”.
El 18 de julio de 1976 un grupo de hombres que se
presentaron con credenciales de la Policía Federal se llevó a De Dios Murias y
al francés Longueville en la casa parroquial de la Iglesia El Salvador. Les
dijeron que debían declarar para la liberación de unos presos, en particular
del intendente Cacho Corzo. Los subieron a un Ford Falcon oscuro, y se estima
que en el ínterin pudieron haberlos interrogado, pero rápidamente, no más de
media hora después del secuestro, fueron ejecutados. Según el tribunal oral, el
breve lapso transcurrido muestra que el objetivo era matarlos. Sus cuerpos
aparecieron con vendas en los ojos y marcas de tortura dos días después, cerca
de las vías del tren. Quince días después fue asesinado el obispo de la
provincia, Enrique Angelelli, en un falso accidente, cuando llevaba
documentación precisamente sobre la persecución a los curas. Buena parte de
esos papeles fueron rescatados y sirvieron de prueba en el reciente juicio oral.
“No se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto,
presididos por móviles particulares. Por el contrario, claramente, el asesinato
de Murias y Longueville debe interpretarse y comprenderse precisamente en el
contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos (...)
Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado
‘enemigo’ y ‘blanco’”, dice un tramo de la sentencia, de 417 páginas, que
firmaron los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos
Julio Lascano, mientras que como cuarta jueza actuó Karina Perilli. Los autores
materiales, explica el tribunal, eran “personas extrañas a la población de
Chamical (con tonada de afuera, aporteñada, porte militar)”, lo que
demostraría, razonan, que iban con una orden. La Iglesia Católica, agregan para
completar el cuadro, estaba al tanto del escenario de ataques y posibles
asesinatos a curas tercermundistas de La Rioja, cuya historia devino un caso
paradigmático.
Menéndez y Estrella fueron condenados como coautores
“mediatos” de los crímenes, en función de una teoría penal según la cual pueden
ser considerados “autores” quienes, aunque no intervengan directamente en los
hechos, dominan su realización a través del aparato de poder de organización estatal.
Al ex comisario Vera, en cambio, le adjudican una participación directa. Para
ilustrar el espectro de influencia de Menéndez, ya antes del golpe de Estado,
los jueces recuerdan que hubo tres hombres de la diócesis riojana (Rafael
Sifré, Carlos Di Marco y el viceobispo Esteban Inestal) que fueron
especialmente buscados fuera de su área, detenidos y torturados en Mendoza, y
se les advirtió sobre el futuro asesinato de Angelelli.
Aunque Menéndez negó haber tenido encuentro alguno con
Angelelli, que llevaba sus reclamos donde podía por la persecución a los curas
riojanos, el tribunal considera probado por testimonios y documentos que sí
existió, y que el cardenal Raúl Primatesta incluso ofició como nexo. Por
distintas vías, el ataque y hostigamiento al movimiento de curas del Tercer
Mundo fue puesto en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, que hicieron
oídos sordos.
–Me están matando a los corderos –recuerda el fiscal Carlos
Gonella que le dijo Angelelli a Primatesta, en una reunión que fue celebrada el
mismo mes del asesinato de Murias y Longueville.
–Eso le pasa por meterse con esas cosas –fue la respuesta,
que aludía al trabajo corporativo que realizaba en unidades familiares.
Durante el juicio oral, ya la fiscalía y las querellas
plantearon la importancia de esos contactos en los que Angelelli y otros
sacerdotes transmitían la situación de la diócesis de La Rioja a los
responsables de la Conferencia Episcopal en busca de una solución, para
entender el papel que jugó la Iglesia Católica. El tribunal oral sostiene en su
sentencia que, de los documentos y cartas dirigidos a las autoridades más los
relatos de testigos que participaban de la pastoral de Angelelli, “surge
dramáticamente un reclamo que hasta el día de hoy, evidentemente, no sienten
satisfecho y expresa una pública denuncia a la jerarquía de la Iglesia
argentina, a la que atribuyen indiferencia, cuando no complicidad, ante
episodios gravísimos de violaciones a los derechos humanos y eran evidentes y
manifiestos para toda la sociedad, particularmente ante la persecución y
violentas agresiones de que eran objeto sacerdotes y laicos de la iglesia
riojana. “Los pecados cometidos –recordaron varios testigos que decía el
vicario castrense, Victorio Bonamín, sin que ningún superior lo desautorizara–
deben pagarse con sangre.”
El tribunal hace hincapié en el intercambio epistolar que
Angelelli mantuvo con monseñor Vicente Zaspe, el arzobispo de Santa Fe,
“enviado por el Vaticano –precisan los jueces– para apoyar, interceder e
intentar recomponer la relación del obispo de La Rioja con las autoridades del
régimen militar”. Allí Zaspe informaba acerca de un encuentro con el dictador
Jorge Rafael Videla apenas ocurrido el asesinato de Murias y Longueville, del
que participaron Primatesta y el nuncio apostólico Pío Laghi.
Parte de los documentos de los archivos secretos de la
Iglesia que fueron revelados por el periodista Horacio Verbitsky, y que dan
cuenta de cómo el Episcopado asumió un rol de asesoramiento para con las
Fuerzas Armadas respecto de cómo y qué decir frente a la desaparición de
personas, son especialmente señalados por el tribunal. La sentencia repasa una
reunión (del 10 de abril de 1978) documentada entre la comisión ejecutiva de la
Conferencia Episcopal, representada por el cardenal Primatesta, el obispo
Vicente Zaspe y el cardenal Juan Aramburu, en la que el dictador Jorge Rafael
Videla dijo que estaba preocupado porque los obispos habían usado la expresión
“presos políticos” y la repercusión que eso podría tener en el plano internacional.
Cuando hablaron de “el problema de los desaparecidos” y el reclamo de los
familiares, Aramburu dijo: “El problema es qué contestar para que la gente no
siga arguyendo”. Videla, en una entrevista, incluyó a Pío Laghi entre quienes
le daban asesoramiento.
“Así como numerosos testigos y habitantes del pueblo de
Chamical manifiestan que aún hoy subsiste un trasfondo de miedo en esa
sociedad, es penoso observar que pareciera que ese temor, o peor aún, alguna
forma de velada objeción al accionar de aquella Iglesia comprometida con los
débiles sociales y desposeídos, todavía persiste y se manifiesta en la actitud
reticente de autoridades eclesiales e incluso del clero, al esclarecimiento de
los crímenes que ahora juzgamos”, señala otro tramo de la sentencia. Los jueces
relataron, como ejemplo, que cuando quisieron ir a inspeccionar la parroquia de
Chamical, que en la época de los hechos ocupaban las Hermanas Josefinas y desde
la cual fueron secuestrados Murias y Longueville, no pudieron entrar porque el
párraco mandó decir que estaba haciendo “ejercicios espirituales”, a pesar de
que había sido notificado de la medida.
“Seguramente –se juegan los jueces– los miembros del pueblo
de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución
de tanta significación como la Iglesia Católica una actitud de más nítido y
claro repudio a los mecanismos y a quienes de una manera u otra permitieron y
consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario